Honduras directo al abismo

Una propuesta ante la ceguera de la comunidad internacional.

Hay dos datos que confirman que Honduras es una autocracia, es decir, un régimen donde una sola persona tiene el control de toda la institucionalidad, como la monarquía absoluta y la dictadura que son sus principales formas históricas. El primero es el Índice Bertelsmann que mide los procesos de transformación hacia la democracia y que recientemente señaló que Juan Orlando Hernández reconvirtió a Honduras en una autocracia. El segundo es el informe “Honduras: antecedentes y relaciones con Estados Unidos” del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, en el que señala que, aunque se celebren elecciones, Honduras es una “autocracia electoral”. Estos datos nos llevan a preguntarnos dos cosas sobre la comunidad internacional: en primer lugar, ¿por qué se empeña en ignorar que, desde el golpe de Estado, Honduras vive en una permanente situación de anormalidad democrática?

En segundo lugar, ¿por qué insiste en la adopción de medidas que pueden ser adecuadas en una situación de normalidad, pero no en el contexto excepcional de la realidad hondureña, por lo cual han resultado en un absoluto fracaso? Ejemplo de ello es que se han invertido millones de dólares y euros en celebrar elecciones para superar la crisis política, pero estas solo la han profundizado y, consecuentemente, han aumentado la desconfianza ciudadana en la democracia. No se puede continuar ignorando que, particularmente desde el 2009, todos los procesos electorales no han sido libres, auténticos y justos en el sentido de que no han reflejado la voluntad de las personas electoras.

¿Acaso no es tiempo ya de que los sectores democráticos del país y de la comunidad internacional pongamos sobre la mesa la necesidad del establecimiento de un gobierno provisional conformado por ciudadanos y ciudadanas respetables? No hay duda que un gobierno de transición legítimo generaría la confianza suficiente para convocar a un diálogo nacional con el fin de alcanzar consensos mínimos para la construcción democrática y del Estado de Derecho.

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