Abogados de Juan Orlando Hernandez pide que se respeten sus propiedades

El Ministerio Público inició ayer el aseguramiento e incautación de los bienes al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien el pasado 14 de febrero fue pedido en extradición por EEUU, que lo acusa de narcotráfico.

El abogado Asdrúbal Murillo, parte del equipo de defensa del expresidente Hernández, ha sido consultado este sábado por Radio América, señalando que hasta este momento desconoce cuales son los bienes objeto de aseguramiento y la medida de incautación.

“La verdad es que no hemos tenido acceso al expediente todavía y esperamos tener acceso el lunes en virtud de que existe una reserva en el expediente”, respondió.

En ese sentido reiteró que espera tener acceso al expediente el lunes para luego realizar las diligencias necesarias de descargo que se tengan que hacer.

A la pregunta de cuáles son las expectativas de la defensa en torno a la administración de bienes de la OABI, indicó que espera que con la nueva dirección “las cosas cambien”.

“Esperamos que los bienes que sean objeto de incautación sean administrados correctamente y se evite sobre todo el deterioro físico de los inmuebles”, apuntó.

“Nos alegraría que la mística de trabajo sea diferente y haya un poco más dedicación y cuidado a los bienes de personas que aún no han sido vencidas en juicio y que por lo tanto son bienes de ajena pertenencia”, añadió.

En consecuencia mencionó que los bienes de una persona que no ha sido vencida en juicio debe de respetársele el derecho de propiedad.

El profesional del derecho espera que el proceso que se va a seguir de ahora en adelante sea justo y se respete las reglas procesales establecidas.

“La presunción de inocencia obliga a que antes de declarar culpable a una persona sobre un hecho en específico, y en este caso la ilicitud de bienes, debiera existir un proceso penal en donde se declare que los obtuvo irregularmente”, subrayó.

Pero no como sucede con la Ley de Privación de Dominio en donde la carga de la prueba se revierte. “Es una gran desventaja para la defensa, sin embargo, es el trabajo que tenemos que hacer”.

De esa manera se declaró listo como parte del equipo legal para acreditar la licitud de los bienes del expresidente Hernández.

¿Por qué hasta que toca esto al expresidente -Hernández- se vienen a dar cuenta que la ley en alguna medida puede ser violatoria? se le consultó al jurista hondureño.

¿Cuánta gente reclamó y hoy le toca al expresidente tras aplicarlo en su gobierno, así como se hizo con el auto acordado de extradición?, se insistió.

“La Ley tiene serias falencias legales y constitucionales”, expresó a Radio América el abogado Murillo, quien mencionó que los penalistas que laboran en esa área manejan ese contexto. “Ahora nos toca defendernos”.

Antes de finalizar mencionó que existen medidas adecuadas y que no necesariamente se tiene que incautar un bien inmueble o una sociedad mercantil en marcha.

“Poner un bien en las manos de la OABI en la mayoría de los casos es destruir una empresa”, sostuvo.

Sociólogo Sosa coincide en que aseguramientos a bienes de JOH es “muy tardía”

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Eugenio Sosa, manifestó este sábado que el aseguramiento e incautación de bienes al expresidente Juan Orlando Hernández es muy tardía.

“En experiencias anteriores ha existido un doble rasero, en el sentido que algunos se les incautaba y a otros no”, comenzó diciendo el también analista de la realidad nacional.

“La incautación hacia los bienes del expresidente Hernández fue tardío porque una buena parte ya se había movido hacia acuerdo con los bancos, lo cual amerita una investigación profunda”, apuntó.

Las declaraciones del profesional de la sociología coinciden luego de que el pasado 29 de marzo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunciara un actuar de la esposa del expresidente Ana García de Hernández.

La revelación señala que la exprimera dama realizó el traslado de dos propiedades a un banco de Tegucigalpa en concepto de pago de deudas por alrededor de los 60 millones de lempiras. Esto, una semana antes de que el pleno del Supremo ratificara la extradición de Hernández a Estados Unidos. 

El problema más de fondo es que no hay ninguna institución estatal que escape a cierto desorden, abuso y manipulación en el que se ha encontrado el Estado, agregó. 

El sociólogo hondureño mencionó además que es un deber de la institucionalidad investigar y limpiar el círculo en el sentido de ver quienes son los testaferros. “Hay varios indicios”, dijo.

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