Bancada Nacionalista:»LIBRE quiere lograr lo mismo que Juan Orlando Hernandez»

El rechazo a que ex y actuales ministros o los que recibieron amnistía política sean candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), externó este día la bancada del Partido Nacional en vísperas de la aprobación de una nueva ley para conformar la Junta Nominadora que es la encargada de elegir a las autoridades del Poder Judicial.

La sesión del Congreso Nacional, que hasta las 4:00 de la tarde de este lunes estaba en curso después de ser suspendida por la discusión del artículo 15 de esta nueva ley, la bancada nacionalista aprovechó para manifestar que no es necesaria y que están en contra de muchos puntos porque “es el gobierno de Libre que quiere controlar”.

”El gobierno de Libre y la Alianza quiere una Corte a la medida de Libre, una Corte que obedezca a los intereses del gobierno”, increpó Tomás Zambrano, jefe de bancada.

”Si en este artículo 15 no aceptan las sugerencias tiene que votarse la moción y aquí queremos ver a PSH, al partido Liberal de qué están hechos, si están con Honduras, si están con el pueblo, si están para fortalecer al sistema judicial o plegados al gobierno”, retó Zambrano en conferencia de prensa.

Sin embargo, explicó que de este artículo “primero deben eliminar las palabras de ‘requisito mínimo’ del (artículo ) 309 constitucional, porque requisitos mínimos es cumplir dos o tres de los cinco requisitos y la Constitución es clara para quienes quieran participar o se cumplen los cinco o no participan”.

“También agregamos como solicitud que se incorporaran la prohibición para los que han ocupado altos cargos en el ejecutivo, ya sea secretarios, del gobierno anterior, ministros y los de este gobierno. No queremos que en la Corte existan mandaderos del poder”, advirtió.

“También, la bancada establece en solicitud a este artículo, la prohibición para establecer que no participen personas beneficiadas al pacto de impunidad o amnistía política porque recibieron un beneficio que les personaron los delitos, condenas, ese tipo de personas no pueden participar, tampoco personas que fueron señaladas en listas de gobierno amigos”.

Injerencias políticas

Zambrano explicó que la postura del partido en contra es porque “existe injerencia política por parte del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno de Libre y su alianza para dirigir, coordinar y maneja a su antojo el próximo proceso de la Corte Suprema de Justicia”.

Por lo tanto, Zambrano explicó que el Partido Nacional “perfiló varias posiciones: con esa injerencia políticas decíamos y solicitamos que es ese dictamen se tenía que turnar a las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora, para que de las siete organizaciones naciera la propuesta, la sugerencia, la recomendación y fortalecieron el proceso”.

Zambrano acusó que desde hace muchos días solicitaron lo anterior (a la directiva del Congreso), pero “no fueron capaces estos que coordinan de manera ilegal este Congreso para poder turnar el dictamen”.

”Nosotros dejamos claro que esta ley es más de lo mismo, y no solo es más de lo mismo, es lo mismo de lo que ellos criticaban”.

Sin embargo, reconoció que en esta ley que aún está en discusión, “sólo tiene tres elementos rescatables que con la ley actual lo podían aplicar”.

Los elementos rescatables para el PN es que “la veeduría nacional e internacional que se podía hacer vía reglamento con la ley actual. El tema de la participación de la mujer y el tema de la autopropuesta que la bancada del Partido Nacional los acompaña”.

En cuanto al resto de la ley, asegura que “es un retroceso. Hay varios retrocesos que le quita credibilidad al proceso de la elección de la Corte: el primero es cómo se inicia una sesión con el quórum y cómo se vota en la junta nominadora. En el quórum como actualmente lo aprobaron con 4 de 7 se instala una sesión y lo más grave es que las decisiones, dice el dictamen, es que con tres de los siete votos podrían tomar una decisión, eso es un retroceso”.

Otro de los artículos es en el que involucra a los representantes de sociedad civil que “establecen que cualquier organización sin personería jurídica y que aunque solo tenga uno o dos meses de trámite puede participar”.

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