COHEP exige NO mas impunidad

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció este jueves  en contra de la aprobación de la amnistía política por parte de los diputados del Congreso Nacional que preside Luis Redondo, por considerarla  como “un perdón a una serie de delitos comunes”.

Por lo anterior,  el gerente de Asesoría Legal  de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano nuevamente hizo  un llamado a los 128 diputados para que se sienten a dialogar y que resuelvan la conflictividad interna que tienen dentro de ese poder del Estado.

“No es posible que continuemos con este conflicto que lo único que está generando es incertidumbre dentro de la población hondureña”, reprochó.  

Continuó diciendo que “el día de ayer hemos presenciado una sesión de un grupo de diputados con el objetivo de aprobar una amnistía política, lo cual es en realidad el perdón a una serie de delitos comunes y muchos relacionados con actos de corrupción , lo hemos señalado en el pasado que lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy” .

Además refirió  que “la impunidad ha sido uno de los males más grandes que hemos tenido en nuestro país, el venir y generar perdón por delitos  como: Malversación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, así como otros delitos comunes relacionados con el terrorismo con la aportación ilegal de  armas, con el tráfico ilegal de recursos naturales; son aspectos que nada tienen que ver en lo político y son situaciones que hoy en día estamos señalando desde el Cohep”.

Ene se sentido reiteró que “hacemos el llamado a los 128 diputados que se sienten , que resuelvan y que definan una agenda en pro del país y que dejemos esos mensajes de odio, de división para que no sentemos a trabajar todos y generar empleo y las mejores condiciones para los hondureños”.

A continuación el comunicado:

PRONUNCIAMIENTO


El Estado de Honduras vive una incertidumbre debido a los hechos ocurridos a lo interno del Poder
Legislativo, situación que menoscaba el derecho de petición, principio de legalidad, libertad de
expresión y la facultad de representación soberana con las que gozan los diputados del Congreso
Nacional, ocasionando un vacío en la titularidad del Poder Legislativo, ya que ninguna junta
directiva cuenta con legitimidad jurídica. Ante este escenario, aunado al «pacto de impunidad»
que se ha dado con la aprobación en el Congreso Nacional del Decreto «Código Bicentenario para
la reconstrucción del Estado de derecho, constitucional, socialista y democrático, para que los
hechos no se repitan», el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) se pronuncian de la siguiente manera:


a) Sobre el Artículo 5. Amnistía para Defensores de la Soberanía Nacional. Primero se debe
entender que la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas
respecto de los delitos que se establecen en la ley. La amnistía procedería siempre que se
compruebe que su sanción sobrevino de situaciones políticas y los beneficiados no hayan
lesionado otros bienes jurídicos en el ejercicio de su libertad de expresión. Si bien no
podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009
tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al
golpe de Estado, esto no indica de que si realizaron actos de corrupción o delitos en contra
de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad ya que se estaría
generando un precedente que podría ser fundamentado a hechos futuros de 2009,
beneficiando de esta forma a quienes hoy son responsables de las cuantiosas cifras que
en concepto de corrupción el Estado pierde anualmente. No queda nada claro si con el
decreto aprobado se estarían favoreciendo.


b) El CNA y el COHEP identificaron un total de 68 artículos que hacen referencia a distintos
delitos con penas que van de 1 a 15 años, que estarían siendo perdonados si se aplica la
amnistía contemplada en dicho decreto y que, en su mayoría, son delitos de corrupción o
delitos comunes, es decir, que no son conexos a los delitos políticos. Por lo que resulta
inconcebible que sean objeto de amnistía delitos contra la administración pública, delitos
contra el patrimonio o propiedad, delitos contra la libertad, la seguridad interior del
Estado, la fe pública y otros comunes, bajo la égida de los delitos políticos; es decir que
dejará en impunidad actos de corrupción que ocurrieron en el ejercicio de sus funciones y
no bajo el golpe de Estado.


c) Sobre el «Reconocimiento y validez del Acuerdo de Cartagena», contemplado en el
Artículo 3, es importante enfatizar que validar dicho acuerdo constituye el reconocimiento
tácito de que el mismo no tenía validez los últimos años; asimismo, hacemos saber que
tiene como intencionalidad eximir de responsabilidad penal los delitos que se deriven de
situaciones eminentemente políticas y conexas, no por temas de delitos comunes, tal
como se pretende.


d) Referente al Artículo 7: Remisión de Expedientes a Juzgados de Primera Instancia. Y
Artículo 8: Cierre Administrativo, estos reflejan una intervención a la independencia
judicial, siendo una intencionalidad disfrazada de legalidad el hecho de eximir de
responsabilidad a quienes se vieron involucrados en actos de corrupción durante la
gestión del expresidente Manuel Zelaya.


e) En el Artículo 1, que plantea la «Derogación del Decreto Legislativo No. 141-2009 y
Condena al Golpe de Estado», es notorio que trae como único objetivo generar
revanchismo de hechos que, si bien no se pueden olvidar, no deben ser parte de una
persecución que desnaturaliza el Estado de derecho y la división de poderes. Corresponde
al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y otros entes
constitucionalmente constituidos realizar su labor. Al reactivar hechos que ya fueron
conocidos por la Corte Suprema de Justicia, condenar nuevamente el golpe de Estado
constituiría una violación al principio Constitucional de “Non bis in idem” en contra del
Estado de Honduras y en algunos casos de personas naturales que en el pasado ya fueron
sometidos a la justicia hondureña y obtuvieron una absolución o sobreseimiento. Además,
dicha derogación no es un reflejo de que a partir de ese momento habrá justicia, esta solo
existirá cuando haya un ente persecutor del delito independiente.


f) El artículo 4, que propone la condena contra la «ilegal sentencia de Reelección
Presidencial». Efectivamente, con la sentencia que estableció la inaplicabilidad del artículo
constitucional 239 la Sala de lo Constitucional se excedió en sus facultades, otorgándose
prerrogativas que únicamente le conciernen a un Poder Constituyente, incurriendo en
responsabilidad que permite al Congreso Nacional dar inicio a un juicio político. Sin
embargo, con este artículo, el Poder Legislativo se está extralimitando en su facultad, al
suplantar las obligaciones constitucionales que tienen otros poderes e instituciones.
g) Sobre el título del Decreto que es objeto de análisis en este pronunciamiento, este
contraviene la disposición constitucional prescrita en el artículo 1 de la norma suprema:
«Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre,
democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la
libertad, la cultura y el bienestar económico y social». Es decir, Honduras no es
considerado como un Estado socialista.


EN ESE SENTIDO, EL CNA Y EL COHEP CONCLUYEN QUE:
1) Es insoslayable que el Estado, desde su nacimiento, ha sido regido por el derecho, por lo
que es imperativo resolver estos conflictos, a fin de evitar consecuencias jurídicas adversas
al pueblo hondureño. Mientras no se resuelva el problema de legitimidad, instamos a las
y los diputados a abstenerse de tomar estas decisiones de alta envergadura.
2) El ejercicio de la democracia y la defensa de la soberanía en ningún momento sería válida
y oportuna lesionando derechos y garantías, tomando en cuenta que nos caracterizamos
por ser un Estado de derecho. En ese sentido, ratificamos que lo que es malo en el pasado
continúa siendo malo en el presente.
3) No se pueden sentar precedentes que servirán como herramientas para en el futuro
provocar impunidad en el país. Se están adoptando decisiones que vienen a fortalecer la
impunidad y que traen consigo un clima de inseguridad jurídica, eximiendo de
responsabilidad a funcionarios públicos; si ellos cometieron delitos y están comprobados,
deben enfrentar la justicia.
4) Con el Artículo 5, únicamente refleja una situación de impunidad similar a las acciones
ejecutadas por el anterior Congreso Nacional, dando indicios de que seguirán con
prácticas ruines de sesionar en altas horas de la noche, aprobando «en nombre del
pueblo» beneficios para blindarse unos pocos.
5) Los hechos que no se deben repetir son las violaciones a la Constitución, la injerencia entre
Poderes del Estado, las acciones encaminadas a generar caos y anarquía, la apología al
odio… porque la historia nos da la triste lección que quien siempre termina pagando los
caprichos y alborotos de la clase política es el pueblo. ¡Basta de circo! ¡Es hora de legislar
por el bien común! A las y los diputados les recordamos que #ElPuebloTieneElPoder.

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