Conoce al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Hondureña

Aunque el proyecto de una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) presentado en el Congreso Nacional elimina la representación de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial y del fiscal general, la iniciativa produce aversión porque se abroga la facultad de clasificar información pública, de calificar de injerencia las críticas de la comunidad internacional, así como de nombrar los directores policiales sin requisitos.

La creación del CNDS no es nuevo; en el artículo 287 de la Constitución de la República que data desde 1982 está contemplado su conformación, pero fue hasta el año 2011 que se puso en funcionamiento bajo una ley especial, como manda la carta magna.

Fue en el gobierno del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y del titular de legislativo Juan Orlando Hernández que bajo el argumento de la seguridad nacional y del combate al crimen organizado se comenzó la aprobación una serie de leyes relacionadas, entre ellas la normativa del CNDS, la ley de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) la Ley de Escuchas Telefónicas, Ley de la Tasa de Seguridad y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como ley de secretos.

El CNDS se conformó poniendo como cabeza al Poder Ejecutivo y como subalternos a los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, así como al fiscal general y los ministros de Defensa y Seguridad.

¿Quiénes conforman actualmente el CNDS?

1) El Presidente de la República, quien lo presidirá (Xiomara Castro)
2) El presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo)
3) El presidente de la Corte Suprema de Justicia (Rolando Argueta)
4) El fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla)
5) El secretario de Estado en el despacho de Seguridad (Ramón Sabillón)
6) El secretario de Estado en el despacho de Defensa (José Manuel Zelaya)

Como dicho organismo atenta contra la separación de poderes, en marzo reciente, Maribel Espinoza, congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó ante el Legislativo un proyecto para derogar el decreto legislativo 239-2011 publicado el 12 de diciembre de 2011 que contiene la ley del CNDS, sin embargo, la propuesta fue ignorada y engavetada.

No obstante, el miércoles 17 de agosto, sorpresivamente el oficialismo apareció en pleno legislativo con un proyecto de una nueva ley del CNDS que quería que se aprobara sin análisis previo y con la dispensa de dos debates; pero la oposición constituida esta vez por las bancadas del del PSH, Nacional y Liberal frenaron el intento.

Hasta el momento, ningún diputado oficialista o funcionario del actual gobierno ha explicado, con argumentos válidos, porque querían aprobar una normativa con tanta ligereza; por el contrario, se han dedicado a agredir en las redes sociales a quienes exigieron los tres debates y a quienes encuentran abusos en el proyecto, calificándolos de ser parte de la “narcodictadura”.

Opacidad

El oficialismo ha centrado el debate en que la nueva normativa elimina la presencia del presidente del Poder Legislativo, Judicial y del fiscal general regresando a la separación de poderes, y eso es cierto.

Sin embargo, no se hace referencia que en el numeral 8 del artículo 9 del proyecto se le otorga al nuevo CNDS la atribución de autorizar los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de defensa y seguridad nacional, algo que no está contenido en la ley actual.

Fue mediante la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (o Ley de Secretos), contenida en el decreto legislativo 418-2013- vigente desde el 7 de marzo de 2014- que se le otorgaba al CNDS la atribución de clasificar información pública, ocultando con ello la corrupción y el despilfarro del dinero de la tasa de seguridad.

Esta legislación fue derogada por el actual Congreso Nacional, mediante decreto 12-2002, publicado en La Gaceta el 15 de marzo de 2022.

Sin embargo, para no perder el mal hábito de la opacidad, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en el artículo 9, numeral ocho, del nuevo proyecto le otorga al CNDS la potestad de clasificar información, contradiciendo la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) en vigencia desde diciembre de 2006.

El artículo 17 de la LTAIP ya establece que Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el responsable de clasificar la información como reservada, si determina que “el daño que pueda producirse es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique”.

Además, el artículo 18 de la Ley de Transparencia detalla que cuando la autoridad de una institución considere que la divulgación de una información puede afectar la seguridad nacional debe solicitar al IAIP su reserva, el cual deberá realizar las valoraciones y proceder a denegarla o aprobarla.

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