Edmundo Orellana:»Estoy feliz, la nueva ley permite la construcción del Estado de derecho»

El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, aseguró sentirse satisfecho con la aprobación, anoche en el Congreso Nacional, de la Ley de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una normativa que es cuestionada por varios sectores debido a que permite que activistas de partidos políticos y altos funcionarios se postulen al cargo.

«Yo estoy positivo con el resultado, quiero ser sincero, esperaba que iba a ser una masacre y sin embargo lo que tenemos es un paso hacia adelante en la construcción del Estado de derecho», mencionó Orellana en comunicación con HRN en referencia a las posiciones en contra y a favor que las bancadas debatieron sobre el asunto.

El funcionario, quien fue el proyectistas, aclaró que en la iniciativa que envió al Legislativo no se incluía dentro de artículo 15 inhabilidades aspirar a ser magistrado, como haber sido miembros de la Junta Nominadora y a quienes tuvieran vínculos (cuarto grado consanguinidad o segundo de afinidad) con miembros de la Junta Nominadora, Congreso Nacional, miembros de partidos y altos funcionarios.

«Eso (inhabilidades) lo incorporó la Comisión de Dictamen ( del Congreso) coincidiendo con lo que nosotros originalmente habíamos consignado en el documento que se presentó al Consejo de Ministros«.

Las incorporaciones de dicha comisión no fueron aprobadas, lo que desató la crítica de empresarios, miembros de la sociedad civil y de la bancada del Partido Nacional, que reclamó que se dejara esas condiciones.

No obstante, el funcionario confió que la matriz que se creó en la ley para seleccionar a los 45 candidatos a magistrados serviría para realizar una escogencia basada en idoneidad.

«En esa matriz no se incorpora el tema de la afiliación partidista, así que cualquiera que quiera acreditarse ante la Junta Nominadora con sus méritos partidistas, eso va a quedar excluido de la evaluación», mencionó Orellana.

El secretario de Transparencia agregó que los factores de ponderación que van a ser evaluados están muy claros en la ley y también en la matriz que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas va suministrar a la Junta Nominadora y a eso deberán apegarse, porque, si se salen de lo que dice la legislación, van a incurrir en una irregularidad que les puede derivar en responsabilidad penal.

No hay preocupación

Con base a la matriz, es poco probable que exfuncionarios del gobierno nacionalista anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022) se postulen porque «la mayoría anda huyendo por tener conflictos con la ley. Esos no creo que se postulen».

«Nosotros hemos tenido un modelo de comportamiento durante 12 años que han estado asociados al narcotráfico y a la corrupción, por ejemplo, toda la burocracia que se forjó a lo largo de estos 12 años el modelo ideal que tenían en su cabeza era el saqueo sistemático del erario y además el comportamiento de los narcotraficantes que eran dineros fáciles que circulaban en el país», mencionó Orellana.

«En materia de contribuir con el narcotráfico, el gobernante anterior (Juan Orlando Hernández) puso a disposición del narco toda la institucionalidad estatal, estamos hablando del Poder Judicial, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, en fin toda la institucionalidad, y se esa institucionalidad una gran parte todavía está ahí», cerró.

Ley de la Junta Nominadora

El Congreso Nacional aprobó el lunes 18 de julio la Ley de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 abogados y notarios, para el periodo 2023-2030.

La discusión de la Ley estuvo marcada por la polémica, sobre todo en el artículo 15 que menciona las inhabilidades de los postulantes, entre ellos que no hayan sido magistrados, ministros del gobierno anterior y el actual, beneficiados por amnistías políticas y los que se encuentren condenados o con procesos judiciales activos.

La Junta Nominadora llamará a las postulaciones a partir del 31 de agosto de 2022, de ahí se elegirán a 45 candidatos a magistrados de los que 15 serán electos por el Congreso Nacional.

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