Los documentos en el caso del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla permanecerán protegidos y su próxima audiencia fue programada para el 10 de enero de 2023.

Así lo conoció a través del documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que fue publicado este miércoles y fue firmado por el juez Kevin Castel.

De acuerdo con la documentación, el material que será protegido es todo aquel que “incluye información que afecte la privacidad y confidencialidad de las personas y entidades; (ii) afecta la seguridad de individuos (iii) impediría, si se revelara prematuramente, la investigación en curso del Gobierno de personas libres de cargos; (iv) correría el riesgo de publicidad previa al juicio si se difunde públicamente; y/o (v) no está autorizado para ser divulgado al público o divulgado más allá de lo que está necesarios para la defensa de esta causa penal”.

Asimismo, detalla que el “material de divulgación elaborado por el Gobierno al acusado o su abogado que es designado como “Protegido” por el Gobierno en correos electrónicos o comunicaciones al abogado defensor, o (2) marcadas como “Protegidas”, se considerarán Protegidas”.

Los escritos, además, explican que hay “cierto material de divulgación del Gobierno, al que se hace referencia como “Material sensible”, que contiene información sensible que identifica, o podría conducir a la identificación de testigos que puedan ser objeto de intimidación u obstrucción, y cuyas vidas, personas y bienes, así como las vidas, personas y bienes de sus seres queridos, estarán sujetos a riesgo significativo de daño en ausencia de las medidas de protección establecidas en este documento”.

El material designado como material delicado o protegido no será revelado por el acusado o su abogado, incluido cualquier abogado sucesor (“la defensa”), como se establece el documento y será utilizado por la defensa únicamente con el propósito de defender el caso.

La defensa no podrá publicar el material en ningún sitio de internet, redes sociales o medios de comunicación ni a entidades o personas extranjeras porque la información no puede ser transmitido fuera de Estados Unidos, según detalla el documento.

Toda la información que fue clasificada como protegida solo podrá ser compartida por la defensa a su personal (colegas que sean parte del caso o algún abogado que sea solicitado para los fines de la defensa), testigos potenciales con el fin de defender esta acción, el demandado o cualquier persona que sea autorizada por la Corte.

ACUSACIONES

De acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, “El Tigre” Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández.

“A cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados”, señala la grave acusación contra el exjefe de la Policía.

Además, indica el documento, que en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

El exjefe policial continúa bajo arresto en una cárcel de detención administrativa de Nueva York.

LA CAÍDA DE UN ALTO JEFE POLICIAL

“El Tigre” Bonilla, quien estaba prófugo de la justicia, fue capturado el miércoles 9 de marzo en el peaje de Zambrano, en la carretera que conduce al norte de Honduras tras tener una orden de extradición pendiente desde mayo de 2021.

A las 4:45 de la tarde, medios televisivos difundieron imágenes del exjefe policial, sobre quien pesaba una orden de extradición de Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. En las instantáneas fue captado con ropa deportiva, mascarilla y una gorra.

Hasta las 8:20 de la noche la Policía Nacional realizó la presentación del exjefe en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. El exjefe policial aparecía sentado en una silla plástica y enchachado de pies y manos.

EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS

Más de dos meses después de haberse registrado su captura, la mañana del martes 10 de mayo se concretó la extradición de Juan Carlos Bonilla Valladares, a Estados Unidos.

Fue en punto de las 6:50 de la mañana que el exjerarca policial comenzó a ser trasladado vía terrestre desde el Primer Batallón de Infantería, donde guardaba prisión, hasta la Base Aérea Hernán Acosta Mejía (HAM) en Tegucigalpa.

Una caravana de 20 vehículos, entre ellos tres camionetas blindadas, dos helicópteros con francontiradores y al menos 150 efectivos policiales acompañaron al exjefe policial en su último recorrido por tierras hondureñas.

Minutos más tarde, pasadas las 8:00 de la mañana, fue entregado a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ser transportado en una aeronave estadounidense hacia la ciudad de Nueva York.

La confidencialidad de pruebas en el caso de “El Tigre” busca evitar que mencionados huyan a países sin extradición

El juez estadounidense Kevin Castel habría ordenado la protección a los documentos del caso del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien deberá comparecer a su próxima audiencia el 10 de enero de 2023 tras ser extraditado por señalamientos de narcotráfico.

En ese sentido ha sido consultado este jueves el profesional del derecho, Josué Zúniga, quien considera que la secretividad es para evitar que personas mencionadas huyan a otros países con los que Estados Unidos no tiene acuerdo de extradición.

“El objetivo de esto me parece que es para no entorpecer el proceso investigativo que todavía se está dando en el caso del Tigre Bonilla”, expresó el abogado hondureño.

“La audiencia de él fue programada para enero de 2023 y esto le da tiempo a la Fiscalía -neoyorquina- para clasificar ciertos documentos que ellos pueden considerar una carga probatoria importante”, agregó.

El caso de Bonilla, apuntó el jurista, involucraría no sólo al exmandatario Juan Orlando Hernández, sino también a una amplia clase política del país que ha ocupado puestos de preeminencia y que obviamente están dentro de esa primera línea de colaboración para que se pudiera gestar el efectivo trasiego de drogas.

“Es importante que esta documentación no esté abierta ante el público o abogados privados que pudieran tener cierto interés en conocer cuestiones que puedan ser utilizadas por la fiscalía sur de Estados Unidos contra personas ligadas en temas reñidos con la ley”, dijo.

Antes de finalizar recalcó que los encargados del caso en el expediente de “El Tigre” buscan no entorpecer el proceso y mucho menos dar por aviso a aquellos que pudieran estar involucrados en ese tipo de delitos.

“Se debe proteger la prueba para lograr una efectiva y eficaz sentencia condenatoria en contra de todos los que pudieran ser mencionados en esa documentación”, concluyó.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras el 8 de abril autorizó la extradición a EEUU de Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es reclamado por dos delitos asociados a narcotráfico y uno a uso de armas.

Luego, el 10 de mayo fue entregado oficialmente a los agentes de la DEA y trasladado en un avión desde Tegucigalpa hacia Nueva York donde enfrentará la justicia.