Nery Cerrato se defendera en libertad

El Juzgado Penal en Materia de Corrupción en Tegucigalpa, Honduras, dictó este martes medidas distintas a la prisión para el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, acusado de falsificación de documentos públicos y fraude en la compra de una carpa móvil para la atención de pacientes de covid-19 en Villanueva, Cortés.

En la audiencia de declaración de imputado que se desarrolló en el Tribunal en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa, el juez ordenó la medida sustitutiva a la prisión con algunas condiciones.

Con esta medida, Cerrato no podrá salir del país, visitar las instalaciones de la Secretaría de Salud y tendrá que firmar cada lunes en los Juzgados de Paz de Teupasenti, en El Paraíso, municipio donde actualmente reside.

La aprehensión contra Cerrato fue ejecutada este martes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, El Paraíso.

Dicho juzgado programó la audiencia inicial para el próximo 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana en los mismos tribunales en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que se han girado ordenes de captura para el exadministrador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Cristian Santeli, así como a la representante legal en Honduras de la empresa proveedora del hospital DLX Enterprises LLC, Mirna Romero.

También se acusa a Gabriel Rubí, extitular de Copeco, y a Santeli como responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Mientras que Romero es acusada de fraude a titulo de cooperador.

Caso carpas móviles

El caso se relaciona a un contrato para la compra de una unidad de aislamiento para el control del covid-19 en Villanueva, Cortés, en 2020, donde se erogaron más de 5 millones de lempiras y solo se obtuvo una carpa que no cumplía los requisitos mínimos para atender pacientes contagiados de la enfermedad.

Según el Ministerio Público, el 28 de febrero de 2020 Nery Cerrato y Gabriel Rubí solicitaron la adquisición de los artefactos «alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales».

Todo ello, según la Fiscalía, en un tiempo récord de dos días, con el fin de coludirse para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.

El total de monto erogado fue transferido en tres movimientos: un adelanto el 2 de marzo de 33,502.97 dólares (820,799 lempiras); siete días después, un pago de 78,173.61 dólares (1,915,238 lempiras); y una última el 17 de marzo de 2020 por 111,676.58 dólares (2,736,062 lempiras).

Además, se acreditó que el proyecto se instaló en un campo de fútbol inundable, sin estudios topográficos y sin la capacidad de contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares.

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