«Salvador Nasralla pone en riesgo el orden constitucional con sus acciones»

En las últimas horas el abogado Ricardo Soto Castro, militante de Libre, se expresó en redes sociales sobre el conflicto diciendo que el designado presidencial , Salvador Nasralla, hasta ha firmado acuerdos que no han sido encomendados por la presidenta Xiomara Castro.

«No me había pronunciado sobre el desprecio público que fue víctima el designado SN (Salvador Nasralla) y lo hago en este hilo. No vi una agresión física de un golpe recibido en los videos, pero, hay que ser claros, no podemos aprobar la violencia en ninguna forma, esto por principio de vida», dijo Soto Castro.

Señaló que condena el hecho, no obstante, le hace varias observaciones al designado. «No se aleje de la prudencia. Nuestra normativa dispone alcances y límites que tiene un servidor público y en particular, los designados presidenciales en ejercicio funciones. El artículo 321 de la Constitución de la República establece que: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, agregó.

También le dijo a Nasralla, que el artículo 323 estipula que todo funcionario será responsable directo de todo acto que ejecuten en el ejercicio de sus obligaciones. Los funcionarios son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

«Es importante analizar el comportamiento público del designado presidencial, quien ha vertido en varias ocasiones opiniones sobre asuntos de los que no se le ha encomendado por la presidenta y ha realizado incluso la firma de acuerdos y otros documentos en representación de la presidencia», afirmó el abogado afín a Libre.

En la multitud de opiniones que hizo Soto Castro, manifestó que el actuar del designado supone un conflicto de interéses, «pone en riesgo el orden constitucional al realizar acciones que usurpan las funciones de un poder que no le corresponde administrar más que a la máxima administradora del Estado, que es la presidenta», dijo.

Agregó que la ley y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, es bastante clara cuando indica que los designados sólo deben de realizar las encomiendas que la presidencia les indique en los casos que así considere necesario.

«Todo funcionario y designado presidencial debe rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y de los actos u omisiones que realice como servidor público y debe ser sometido al debido proceso para deducir responsabilidad política, civil, penal o administrativa», enfatizó el abogado.

Además, reiteró que todo funcionario debe someterse al imperio de la ley con el objetivo de deducir las responsabilidades correspondientes para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico con el fin último de salvaguardar el estado democrático y de derecho.

«El reto por delante de levantar nuestra nación de este duro momento es gigantesco, y debe hacerse con la mayor de las responsabilidades, el mayor del respeto a lo que ha logrado el pueblo, y sobre todo poniendo el interés público y el de la colectividad por encima de egos», puntualizó Soto Castro.

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