Secretario privado de JOH autorizo cheque millonario a interventor de INVEST-H

Una certificación emitida desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización el 22 de marzo de 2021, confirma que el exsecretario privado y exjefe de Gabinete Presidencial, Ricardo Leonel Cardona, autorizó el pago de 1,167,400.88 lempiras al entonces interventor de Invest-H, José Gustavo Boquín Suárez, mientras estaba con incapacidad médica en México, sin estar afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En el documento publicado en exclusiva en RADIO AMÉRICA, detalla que, Boquín “se encuentra con incapacidad médica, el comisionado mantendrá los derechos inherentes a su cargo”.  También se nombra en la certificación a Ricardo Alfredo Montes Nájera, subsecretario de Justicia.

La investigación especial de la denuncia 8010-2021-94 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), practicada a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) informe 02-2022 DPC-DCSD por el periodo comprendido del 24 de julio de 2020 al 14 de marso de 2022, detalla que Invest-H “efectuó de manera indebida el pago de salarios (subsidios) al señor José Gustavo Boquín Suárez durante el periodo en el cual estuvo con incapacidad médica temporal”.

También señala el TSC que en los pagos no se consideró el marco legal existente, el cual en ese momento “no permitía que Invest-H efectuara el pago de subsidios de forma directa ante la ausencia de un convenio suscrito con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según el TSC, el perjuicio económico al patrimonio del Estado es de 1,167,400.88. lempiras. “El señor Boquín Suárez presentó la solicitud de refrendo de sus incapacidades de forma extemporánea ante el IHSS, motivo por el cual esta institución de seguridad social declaró sin lugar dicha solicitud y consecuentemente la suspensión del pago del subsidio derivado de estas incapacidades”, puntualizaron.

Cabe señalar que, en el periodo señalado, Boquín estuvo con incapacidad médica en México a causa de la Covid-19.

¿Quien es Ricardo Cardona?

A Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia del exmandatario Juan Orlando Hernández, también se le otorgó la nacionalidad nicaragüense, constató en el diario oficial de ese país.

En la edición 111 de La Gaceta de Nicaragua, correspondiente a este viernes 17 de junio de 2022, se emite la certificación donde se le concede “la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalidad al ciudadano Ricardo Leonel Cardona López, originario de la República de Honduras”.

La resolución fue emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de ese país y, aunque entró en vigencia hasta este día con su publicación en el diario oficial, la misma fue aprobada el 27 de octubre de 2021.Con Cardona ya son dos los funcionarios de Hernández que se refugian en el régimen de Daniel Ortega de forma oficial.

El otro es Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia, a quien también le otorgaron la nacionalidad nicaragüense y cuya certificación también se emitió este día.

El caso de Cardona consta en la resolución número 3289-A de los folios 323-324 del libro 11 de nacionalizados nicaragüenses del año 2021 de la Dirección General de Extranjería y Migración.

Múltiples cargos

Cardona ostentó múltiples cargos, pero el de mayor peso fue de ministro de la Presidencia al final del mandato del expresidente Hernández, aunque no mantuvo un perfil muy visible en la administración nacionalista.

Antes de asumir ese puesto, en 2015 fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y también ocupó el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En abril pasado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó los hallazgos de la línea de investigación “Los altos funcionarios de Sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción”.

La denuncia establece que Cardona y otros exfuncionarios otorgaron 581 acuerdos de nombramiento con altos salarios y muchos de los contratados no cumplían con los requisitos.

Según en CNA se comprobó un perjuicio económico de 178,845,912 lempiras como consecuencia del pago de una eventual nivelación salarial por concepto de variación de sueldos en cada uno de los puestos creados a pocos días de terminar el gobierno.

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